Estatuto de autonomía de Cataluña

El Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979, (en catalán: Estatut d'Autonomia de Catalunya) también conocido como Estatut de Sau por el lugar donde se elaboró el anteproyecto, fue la norma institucional por la que Cataluña accedió a su autogobierno constituyéndose en comunidad autónoma dentro de España y que estuvo vigente desde su promulgación el 18 de diciembre de 1979 (Ley Orgánica 4/1979) hasta la aprobación en 2006 de un nuevo estatuto. El Estatuto fue aprobado en referéndum del pueblo catalán el 25 de octubre de 1979.

La negociación entre los representantes de la Asamblea de Parlamentarios y los del gobierno fue muy dura pues UCD presentó 59 enmiendas al proyecto de Sau. Finalmente los representantes catalanes tuvieron que aceptar buena parte de los «recortes» exigidos por el partido del gobierno y el 13 de agosto el proyecto fue aprobado por la Comisión Constitucional. El 25 de octubre el nuevo Estatuto de autonomía fue sometido a referéndum de los catalanes: fue apoyado por el 88,1% de los votantes, con el 7,8% de votos negativos, aunque la participación fue baja (59,6%) debido al «desgaste de imagen de la Generalitat provisional, vacía de competencias efectivas, agravado por el pronunciado protagonismo de su presidente, la erosión de la unidad política a causa de los enfrentamientos electorales, la acumulación de elecciones en un breve espacio de tiempo y el retraimiento de parte de los inmigrantes que veían el plebiscito como ajeno a sus intereses». El Estatuto fue finalmente aprobado por el pleno del Congreso el 19 de noviembre de 1979 y por el pleno del Senado el 12 de diciembre.

El Estatuto aprobado finalmente presentó notables diferencias respecto del proyecto presentado por la Asamblea de Parlamentarios. Las más importantes fueron: la cooficialidad del catalán y del castellano, cuando en el proyecto de Sau el catalán tenía la oficialidad exclusiva, lo que supuso aceptar que todos los ciudadanos de Cataluña tenían el derecho y el deber de conocer el castellano, pero no el catalán al que solo se le reconocía el derecho a conocerlo y a usarlo; la pervivencia de las cuatro provincias catalanas y sus correspondientes diputaciones, cuando en el proyecto de Sau habían sido suprimidas; el recorte de las competencias, especialmente en educación, que dejó de ser una competencia «exclusiva» de la Generalidad para pasar a ser solo «plena»; la rebaja de la participación de la Generalidad en los ingresos estatales; la eliminación del control exclusivo del orden público.

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