Caso estraperlo
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Los empresarios Daniel Strauss (que disponía de pasaporte mexicano y hablaba español), Perlowitz y Lowann (esta última esposa del primero) volvieron su atención hacia España. En Madrid, el Gobierno estaba formado por una alianza de partidos de centro-derecha, y varios miembros del Partido Radical se habían mostrado muy receptivos con el proyecto del straperlo.
A lo largo del mes de junio de 1934, los empresarios y los políticos llegaron a un acuerdo económico para explotarlo en el casino de San Sebastián (Guipúzcoa). Varios personajes en la órbita del Partido Radical harían valer sus influencias para conseguir la autorización, a cambio de un porcentaje en el negocio. Según la versión de Strauss, Alejandro Lerroux (líder del Partido Radical) recibiría el 25 % de los beneficios; Juan Pich y Pon, un 10 %; Aurelio Lerroux (sobrino de Alejandro Lerroux), Miguel Galante y el periodista Santiago Vinardell, un 5 %. Además, para asegurarse la cooperación del ministro de la Gobernación Rafael Salazar Alonso, Juan Pich y Pon se había comprometido a hacerle llegar un soborno de 100 000 pesetas, y otro soborno de 50 000 pesetas para el director general de Seguridad, José Valdivia y Garci-Borrón.
El juego fue prohibido por la policía tras demostrarse que era fraudulento (pues la rueda se controlaba mediante un botón y, por lo tanto, la banca ganaba siempre que lo deseaba), lo que no impidió que funcionara también en el Hotel Formentor (Mallorca), donde luego también fue clausurado.
El «escándalo del estraperlo» salió a la luz pública en octubre de 1935, a raíz de la denuncia que presentó Daniel Strauss al presidente de la República Niceto Alcalá Zamora en la que exigía una «indemnización» por los gastos de instalación del juego conocido popularmente como «estraperlo» en los casinos de San Sebastián y Formentor y por los sobornos que decía haber pagado a políticos del Partido Republicano Radical y a «familiares y amigos» de su líder Alejandro Lerroux. Alcalá Zamora recibió el dossier completo con toda la trama de corrupción que le envió Strauss, a principios de septiembre de 1935, y se lo enseñó a Lerroux, que entonces era el presidente del gobierno, pero este no le dio importancia y, al parecer, le dijo que sería muy difícil probar sus presuntos contactos con Strauss. Tras la crisis de gobierno que se produjo a mediados de septiembre en que Lerroux renunció a seguir encabezándolo (según el historiador Gabriel Jackson porque Alcalá Zamora le obligó a dimitir al conocer el dossier de Strauss) el presidente de la República a comienzos de octubre trasladó la denuncia al nuevo gobierno radical-cedista presidido por Joaquín Chapaprieta, en el que Lerroux era ministro, y le obligó a que el caso fuera debatido en las Cortes, donde se formó una comisión parlamentaria.
El dictamen de la comisión parlamentaria señaló que habían existido actuaciones «que no se ajustaron a la austeridad y a la ética que en la gestión de los negocios públicos se suponen». El 28 de octubre de 1935 las Cortes votaron la culpabilidad de los ocho acusados por la comisión (excepto Salazar Alonso, exministro de la Gobernación que fue quien firmó el permiso), todos ellos destacados miembros del Partido Radical: Juan Pich y Pon, Sigfrido Blasco-Ibáñez, Aurelio Lerroux (hijo adoptivo de Alejandro Lerroux) y Eduardo Benzo (exsubsecretario del Ministerio de la Gobernación que había gestionado el permiso), José Valdivia y Garci-Borrón, Miguel Galante y el periodista Santiago Vinardell. Al día siguiente, Alejandro Lerroux abandonó el gobierno. Otros republicanos radicales salieron salpicados en la denuncia de Straus, como Emiliano Iglesias, Luis Tornar y Casas o Paulino Uzcudun.
Este caso de corrupción, junto con el que estalló poco después (el denominado escándalo Nombela), supuso el derrumbe del Partido Radical, lo que puso fin al denominado «bienio conservador». Tras celebrarse elecciones generales en febrero de 1936, estas fueron ganadas por el Frente Popular.
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