Ley para la reforma política

La Ley para la Reforma Política —técnicamente, Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política1​— fue la ley española que permitió la eliminación de estructuras de la dictadura franquista desde un punto de vista jurídico.​

Aprobada el 18 de noviembre de 1976 por las Cortes franquistas, recibiendo el apoyo de 425 de los 531 procuradores, y sometida a referéndum el 15 de diciembre posterior, con una participación del 77 % del censo y un 94,17 % de votos a favor, tenía el carácter de ley fundamental, siendo la última de ellas.

La Ley para la Reforma Política fue el instrumento jurídico que permitió en el contexto de la Transición española la eliminación de estructuras de la dictadura franquista desde un punto de vista jurídico,​ como las Cortes de la dictadura franquista y a la convocatoria de elecciones democráticas, dándose un tránsito a un sistema democrático.

El origen de esta trascendental ley se encuentra en el vigente régimen legal en el año 1975. España estaba regida por un sistema normativo pseudo-constitucional que se encontraba en las Leyes Fundamentales del Reino y en los Principios Fundamentales del Movimiento. Entre unas y otros sujetaban el modelo de Estado franquista. En estos textos legales se incluían, además, los procedimientos para enmendarlos o reformarlos. Esta fue la forma que recomendó Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes y del Consejo del Reino para pasar de un régimen autoritario a otro de libertades respetando las leyes vigentes. Desde esa perspectiva, la nueva norma sería una especie de octava ley fundamental del franquismo, que cumpliera la idea de Fernández-Miranda de avanzar hacia la democracia de "de la ley a la ley a través de la ley", lo que evitaría vacíos de norma, que derivaran en una inestabilidad política. El resultado final constituyó una "voladura controlada del régimen".


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