Proceso de Burgos

El Proceso de Burgos, también conocido como Juicio de Burgos o Consejo de Guerra de Burgos, fue un juicio sumarísimo iniciado el 3 de diciembre de 1970, durante la dictadura del general Franco, en la ciudad española de Burgos contra dieciséis miembros de ETA acusados de asesinar a tres personas. Las movilizaciones populares y la presión internacional lograron que las condenas a muerte impuestas a seis de los encausados no llegaran a ser ejecutadas, siendo conmutadas por penas de reclusión.

El 2 de agosto de 1968 fue asesinado el policía Melitón Manzanas, jefe de la Brigada de Investigación Social (policía política o secreta) de la comisaría de San Sebastián y primera víctima premeditada de la historia de ETA. El 7 de junio había sido asesinado José Pardines Arcay, agente de la Guardia Civil, al interceptar a dos miembros de ETA en un control de carretera.

A raíz de estos hechos el Gobierno declaró el estado de excepción en Guipúzcoa, primero, y después en toda España. Las detenciones masivas desencadenadas durante esos años consiguieron que para el otoño de 1969 dieciséis miembros de ETA ya estuvieran presos. A los imputados se les acusaba también del asesinato del taxista Fermín Monasterio Pérez, muerto el 9 de abril de 1969, además de otros delitos, como atentados y robos, que les habían reportado un botín de más de 30 millones de pesetas, así como la colaboración en ellos y su encubrimiento. Los hechos eran considerados un ataque al régimen franquista, por lo que fueron acusados genéricamente del delito de «rebelión general continuada» y se decidió juzgarlos en consejo de guerra por un tribunal militar.

La competencia de la Jurisdicción Militar fue refrendada por Auto de la Audiencia de San Sebastián; y, recurrida ante el Tribunal Supremo de España, fue confirmada por su Sala Segunda. Para Armando Marchante Gil, quien tuvo a su cargo una de las tres áreas básicas, la religiosa, del Servicio Central de Documentación (SECED), creado por el almirante Carrero Blanco, aquí comienza una cadena de torpezas que habría de convertir el proceso de Burgos en una formidable operación de propaganda contra la dictadura franquista que le produjo un considerable desgaste.

Dada la condición de procedimiento sumarísimo, el expediente permaneció secreto para los acusados hasta poco antes de comenzar el juicio, el cual había sido preparado meticulosamente durante meses. El capitán Antonio Troncoso, vocal ponente y asesor jurista de la fiscalía en el Proceso de Burgos, manifestó públicamente que el Ejército había elaborado un completo informe sobre la historia de ETA y su posible evolución, por lo que cabía entenderse que con este proceso se pretendía escenificar la liquidación de ETA y la victoria del Estado sobre la incipiente insurgencia armada vasca. Con la dirección de ETA detenida, se consideraba que la organización estaba cercenada de raíz, con lo que solo restaría, mediante un proceso ejemplarizante, juzgar, condenar y ejecutar a los dirigentes del grupo para disuadir a posibles continuadores.

El presidente del tribunal militar, el teniente coronel Manuel Ordovás González, ya había dado pruebas de su eficacia al condenar a muerte a Andoni Arrizabalaga, miembro de ETA juzgado en 1969 por otro consejo de guerra presidido por Ordovás. Al igual que en el caso de Iñaki Sarasketa, esta pena luego le sería conmutada; siendo ambos precedentes inmediatos al Proceso de Burgos en la conmutación de penas de muerte a miembros de ETA gracias a la presión popular.

Llamaba la atención el elevado número de encausados (dieciséis, entre los que se encontraban tres mujeres y dos sacerdotes), así como las penas solicitadas: seis penas de muerte y 752 años de cárcel.

Trascendencia del juicio: La vista del «Sumarísimo 31/69» se celebró del 3 al 9 de diciembre de 1970 en la sala de justicia del Gobierno Militar de Burgos y el tribunal militar deliberó 18 días en sesión ininterrumpida. La jurisdicción castrense en lugar de desglosar los hechos delictivos se empeñó en acumularlos en un único sumario, tanto por razones de comodidad como por resaltar a los oficiales encargados del mismo, ya que estimaba que una condena masiva tendría una mayor ejemplaridad. Desde el primer momento el Gobierno de Franco decidió dar una amplia publicidad al juicio, lo que fue aprovechado por las principales fuerzas de la oposición para organizar una campaña en contra del mismo moviendo todos sus apoyos internacionales. La repercusión del juicio fue tan grande que la sala donde se celebró la vista no daba cabida a los cientos de personas que intentaron presenciarlo, repleta como estaba tanto de familiares y simpatizantes de los presos como de policías de paisano, así como de una amplia representación de periodistas nacionales y extranjeros y observadores de distintas asociaciones internacionales.

El hecho de que la mayoría de la prensa extranjera no fuera partidaria del régimen dictatorial del general Francisco Franco motivó la falta de rechazo mayoritario por el asesinato del comisario Melitón Manzanas, el cual además era considerado un experto torturador, por lo que su muerte fue incluso bien recibida por los grupos antifranquistas.

Por otro lado, la reacción popular contra el juicio se tradujo en paros de trabajadores, huelgas estudiantiles y manifestaciones ciudadanas que paralizaron la vida económica y social del País Vasco y, en menor medida, Navarra, en respuesta a la convocatoria de huelga general realizada por las fuerzas de la oposición. El 4 de diciembre la policía reprimió a tiros una manifestación en Éibar donde resultó herido Roberto Pérez Jauregi, que falleció poco tiempo después; y ese mismo día el Ministro de la Gobernación Tomás Garicano solicitó en el Consejo de Ministros la aprobación de la declaración del estado de excepción en Guipúzcoa, que el día 14 se amplió a toda España.

Consecuencias: Un cúmulo de hechos hizo que el proceso, inicialmente concebido para asestar un duro golpe a ETA, finalmente se convirtiera en una estocada para el Régimen. El primero de ellos fue un erróneo movimiento político, interesado en resaltar a los oficiales encargados del mismo como una oportunidad de promoción personal.​ Así convirtieron al proceso en un juicio colectivo, uniendo en una sola causa los dieciséis casos individuales. No intuyeron que haciendo esto centraban la opinión internacional sobre las aspiraciones vascas, compartidas por todos los acusados, en lugar de concentrarlas en las presuntas actividades terroristas de algunos de ellos.

La organización, entonces debilitada por las últimas detenciones, además se encontraba dividida a raíz de su VI Asamblea entre los partidarios de convertirla en un partido marxista-leninista que ejerciera de vanguardia en las luchas obreras (ETA-VI) y quienes consideraban que debía continuar la lucha armada como un movimiento de liberación nacional vasco (ETA-V). Los encausados en principio estaban alineados con los primeros, cuya tendencia era mayoritaria en la organización; pero finalmente una parte significativa de ellos daría su apoyo a ETA-V, lo que reforzaría su estrategia armada pasando a denominarse simplemente ETA poco después. Con este juicio, con el que se pretendía dar un golpe mortal a ETA, pasó justamente lo contrario, con el añadido de una extraordinaria y reforzadora publicidad internacional para la banda. El régimen franquista favoreció que en aquellos días ETA consiguiera una amplia admiración, seduciendo como complemento de la lucha de masas de los obreros.

Otro hecho no menos importante, fue el efectivo movimiento táctico de ETA-V con el secuestro del cónsul alemán (ETA-VI, por su parte, había organizado la huida de los presos mediante la construcción de un túnel pero fracasó en su intento). Las autoridades alemanas, país de importantes proveedores, clientes e inversores en España, comenzaron a ejercer presiones con tal de que las sentencias de muerte no se llevaran a cabo. Quedaba patente que, en caso contrario, habría sanciones económicas. Finalmente la implicación de parte de la Iglesia católica a favor de la amnistía acabó de romper el círculo.

El proceso puso en evidencia la existencia de diversos motivos de preocupación para aquel régimen que envejecía:

• El nacimiento de una organización dispuesta a matar con tal de llevar a cabo sus objetivos.
• La animadversión popular a causa de la brutal represión (en 1968 fueron detenidas 434 personas en el País Vasco, 1.953 en 1969, y 831 en 1970) por parte de una policía franquista que cometía innumerables excesos, malos tratos y torturas, lo cual deslegitimaba aún más a la dictadura.
• La presencia de una oposición muy organizada, sobre todo el Partido Comunista de España (PCE) y los sindicatos, que convocaban paros y protestas de contenido más político que laboral, y que una gran parte de los trabajadores secundaba. En ese sentido, el 26 de noviembre de 1970 se produjo la detención de diecinueve dirigentes de la oposición en un piso de la madrileña Avenida del Mediterráneo, por solidarizarse con los acusados en el Proceso de Burgos; entre los que destacaban Enrique Tierno Galván, Nicolás Sartorius y Pablo Castellano.
• La movilización de las Universidades, que concitaba la adhesión no solo de los estudiantes sino también de un significativo número de profesores.
• La oposición de la Iglesia Católica del País Vasco, Cataluña y parte del resto de España.
• La opinión crítica internacional, mostrándolo como el desmoronamiento del régimen franquista.